Patricia Bullrich, artífice de la creciente represión social

Los medios nos comentan la aparente consagración de una de las más polémicas integrantes del gobierno de Cambiemos. La Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich sería la más fortalecida en una gestión que no puede exhibir ningún logro económico más que la recesión, crecimiento de la deuda externa, inflación descontrolada y empobrecimiento generalizado de la población.

La política de fuerte represión social que muchos han dado en llamar “Doctrina Chocobar” debe en verdad llevar el apellido Bullrich porque la actual ministra es quien ha pergeñado y habilitado un camino represivo inusitado, sostenido por el presidente Macri, y marcado por varios mojones alarmantes:

Después de una masiva marcha en mayo de 2017 contra el fallo de la Corte Suprema que habilitaba la aplicación del beneficio “2×1” a los represores de la última dictadura, el Congreso excluyó del mencionado beneficio a los condenados por crímenes de lesa humanidad. Podía pensarse en un freno social a las medidas del Estado manifiestamente contrarias a la libertad y a la vida. Sin embargo, en agosto de ese año, el joven artesano Santiago Maldonado, solidario con la protesta de la comunidad mapuche en Chubut, desapareció en medio del operativo de desalojo de la ruta que encabezó la Gendarmería Nacional por orden de la Ministra. Su cuerpo fue hallado en el río en octubre de 2017. La causa judicial movilizada por familiares y amigos de Maldonado fue caratulada entonces como “Desaparición forzada”. Bullrich defendió en todo momento el accionar de la fuerza federal y festejó la resolución judicial del caso a través de su cuenta de Twitter: “La verdad le ganó al relato. La Justicia cerró la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y absolvió al gendarme Echazú…”

Los muertos por luchar y sin justicia no acabaron entonces. Rafael Nahuel, de 22 años, fue asesinado por la espalda en noviembre de 2017 en la represión de la Prefectura Nacional a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu en Bariloche que reclamaba territorio ancestral robado. Hoy la causa judicial no registra ningún avance y no tiene detenidos por el crimen.

Pero el año 2017 todavía tenía algunos cartuchos más en su haber. En diciembre, el agente de la Bonaerense, Luis Oscar Chocobar corrió a uno de los atacantes de un turista en el barrio de La Boca y le disparó por la espalda siete veces. Dos de los disparos terminaron con la vida del delincuente. “Luis Chocobar fue la manera de encarnar en alguien el cambio que buscaba”, dijo entonces satisfecha, la Ministra de Seguridad que se dedicó a recibir entonces a varios policías absueltos en distintas causas por matar a ladrones.

La realización, sin incidentes, de la Cumbre del G20 en Buenos Aires a fines de noviembre y principios de diciembre de 2018 funcionó como plataforma ideal para que Patricia Bullrich anunciara la firma de un nuevo Protocolo que permite a las fuerzas federales disparar sin dar la voz de alto en casi cualquier situación de intervención frente a un delito. Bullrich se jacta de haber invertido un paradigma anterior que, a su entender, consideraba más importante al victimario que a la víctima y maniataba a las fuerzas de seguridad. Este nuevo paradigma no escapa a las acusaciones de fascista porque sostiene una primacía absoluta del Estado frente a las personas, asegura un poder negativo en manos de los más fuertes y se proclama como único garante del bien común frente a cualquier crítica a la que considerará enemiga de “la ley y la verdad”. La exaltación de la fuerza germina en una sociedad disgregada, decepcionada de la política y con un alto grado de temor a ser víctima del delito, sin distinguir entre clases altas y populares. Patricia Bullrich se reencuentra en su cargo actual con la montonera que fue, aunque hoy se empeñe en negar ese pasado. Vuelve a abrazar la lógica de la violencia y la separación entre las personas para continuar afirmando una sociedad de extraños. Esto es lo que ya no podemos aceptar.

 

Griselda Marina López

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